A 50 años de la Reforma Agraria en Chile: ¿Cuál es la lucha del campesinado hoy?

La situación actual del campesinado no puede entenderse si no se tienen en cuenta las transformaciones en el mundo rural y el agro de los últimos 50 años.  La propiedad de la tierra estaba altamente concentrada en los denominados latifundios, donde la situación de los campesinos era prácticamente de semi esclavitud, en base a una institución social llamada inquilinaje.

La Reforma Agraria y la Ley de Sindicalización campesina contribuyeron al surgimiento del campesinado como un nuevo actor social; los campesinos sindicalizados llegaron a ser más de 300 mil. Luego vino el golpe de Estado y la dictadura cívico militar con una violenta represión al campesinado y a los dirigentes sindicales, quedando luego de esto sólo un tercio de la totalidad de tierras expropiadas en manos de trabajadores campesinos. Y como dejaron de existir los programas estatales de apoyo en la producción, muchos se vieron fuertemente endeudados y obligados a vender sus tierras. Así, desde finales de los 70 comienza un proceso de modernización del agro y consolidación capitalista del campo ligado a la agro-exportación, generando una reconcentración de la tierra, pero no con el sistema hacendal que existía antes. El inquilinaje como institución no volvió y la relación laboral se dirigió hacia una proletarización de la mano de obra, marcada por la temporalidad del trabajo.

El dinamismo que caracterizó la organización de los campesinos antes de la dictadura nunca se restableció cuando volvió la democracia, tal vez por la misma temporalidad que caracteriza la relación laboral actualmente. Sin embargo, surgieron otro tipo de organizaciones y actorías sociales, como las mujeres temporeras, quienes a través de las luchas reivindicativas fueron redefiniendo el nuevo rol de la mujer campesina.

Nos reunimos con Ana María Fuentes Cáceres, parte del Directorio Nacional de ANAMURI (Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas) y encargada de Derechos Humanos y Bienestar en Curicó, con quién sostuvimos entrevista.

¿Cuál es la nueva mirada que mantiene ANAMURI sobre la Reforma Agraria?

Es necesario observar la reforma agraria desde una mirada integral y popular; democratizar  la tierra, garantizando el derecho de todas y todos los trabajadores a acceder a la tierra para vivir y producir en ella, motivando la vuelta al campo de los millones de migrantes y excluidos de las ciudades, y también pensar una nueva organización para la producción agrícola, priorizando la producción de alimentos saludables  para el mercado interno y local; sin agrotóxicos, sin semillas transgénicas, bajo el  principio de soberanía Alimentaria, con tecnología apropiada para promover y desarrollar  la agroecología.

Buscamos que retorne el trabajo de las mujeres indígenas  campesinas,  los trabajadores,  de  los jóvenes. Que los campesinos vuelvan a trabajar la tierra y que no tengan que comprar las semillas, que termine la imposición de los gobiernos al endeudamiento de los campesinos, así como la obligatoriedad de adquirir paquetes tecnológicos y agroquímicos para poder producir. En síntesis, ANAMURI promueve el trabajo agroecológico, la soberanía alimentaria y la agricultura familiar campesina.

¿De qué manera avanza la defensa de la semilla como patrimonio indígena y campesino?

ANAMURI junto con la CLOC (Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo) y la  VIA CAMPESINA (Movimiento internacional que coordina organizaciones campesinas y pequeños productores rurales), esta levantado una propuesta por la conservación de la semilla nativa, para multiplicarla sin químicos y distribuida entre todas las socias y compañeras  de las organizaciones. Junto con el INIA (Instituto de Investigaciones Agropecuarias) se creó el proyecto de la casa de Auquinco, donde está el primer laboratorio de semillas, el cual que ha permitido que mujeres de todo el país contribuyan a su recolección. Estas semillas se entregan a las campesinas indígenas para que vayan multiplicándolas  y compartiéndolas. La iniciativa comenzó hace 15 años, y hoy en día se han conformado redes y grupos de resistencia que han ayudado a la toma de conciencia sobre el valor patrimonial de la semilla.

La Soberanía Alimentaria, ¿la considera un principio o un concepto del desarrollo?

La soberanía alimentaria es un principio fundamental, de ahí se desprenden todas las luchas campesinas  e indígenas que  tenemos acá en ANAMURI, en la CLOC y la VÍA CAMPESINA. Ha servido como base para  la Reforma Agraria, la agroecología, la defensa de la tierra, la defensa de la semilla, del agua y de la biodiversidad. La soberanía alimentaria nos llama a renovar la tierra, a trabajar con abono orgánico, a promover la recolección y cuidado de semillas, para que los campesinos resistan  y conserven su tierra. Para nosotras es un principio, porque los principios se defienden, se sostienen y no se negocian.

Estuvimos conversando también con Hugo Reyes, funcionario de la Corporación de Reforma Agraria (CORA) durante el Gobierno de Salvador Allende, quien fue detenido y exiliado tras el Golpe Militar. Nos cuenta sobre su primer libro, pronto a publicar, el cual relata su vida y su experiencia con la Reforma Agraria y la dictadura militar.

“Cuando era pequeño, una forma de ayudar a mi padre en el campo era ir a dejarle su almuerzo todos los días. Él no quería que fuera más, temía que me enamorara del campo, que yo lo remplazara al él tal como él remplazó a su padre cuando se hizo viejo. Él quería que yo estudiara, que tuviera otras oportunidades, para así apoyar a los campesinos cuando fuera adulto. Ese empujón que me dio mi viejo no me ha detenido… Antes y después del exilio, en dictadura y hoy luego de 50 años de la Reforma Agraria. ¡Hay que retomar la lucha en los campos, hay que cambiar la Constitución del 80 para que los campesinos tengan otras oportunidades!, expresó.

Hugo, ¿Cuál es la lucha que mantiene el campesinado hoy?

Sigue siendo casi la misma, solo que hoy tiene otros nombres. Han disfrazado la explotación del campesino con la llegada del temporero. Los inquilinos ya no están, pero de igual modo están los temporeros permanentes y no permanentes. La figura del patrón sigue siendo la misma, inclusive creo que hoy hay más explotación. Pasa que la dictadura sembró miedo en los campesinos y dio más armas al patrón. Por el pan, por el sueldo, por dar sustento a sus familias el campesino sigue viviendo abusos, sigue cerrando la boca y aguantando la vulneración de sus derechos.  Hoy, estando en un sistema neoliberal salvaje y en un gobierno tibio donde se mantienen las injusticias.

¿Existe hoy una organización del campesinado para hacer frente a las injusticias?

No, porque nos dispersaron, nos mataron los mejores cuadros. Hoy hay temor, el patrón sigue siendo patrón y ordena, y nos va dividiendo, y la persona que es contestataria queda sin trabajo rápidamente. Ha llegado también el consumo al campo, esto de comprar televisores más grandes, adquirir más cosas para las casas, entonces las personas trabajan para pagar. Este sistema económico no permite que los campesinos tengan sueldos dignos.

Hoy es más complejo que ayer el levantar una revolución. Hoy día el campo está adormecido. Yo creo que la dictadura lo mejor que hizo fue mantenernos con un sueldo muy pequeño y como jornaleros, tal que si se pierde ese ingreso, aunque sea mínimo, las familias campesinas quedan desprotegidas. Es por eso que hoy es fundamental que haya un acercamiento al campesinado, que los asesoren, se capaciten y se vuelvan a organizar.

¿Qué nos queda de la Reforma Agraria hoy?

Si hay algo que se puede rescatar de la Reforma Agraria es que la tierra no está descansando en cinco o seis personas; hoy hay muchos parceleros que tienen sus tierras y pueden plantar árboles, cosechar papas, legumbres. Esto es muy importante, porque si se unen, tres, cuatro, cinco parceleros pueden exportar sus productos, mejorar los procesos de producción, unirse. Hoy son dueños de sus tierras, de su producción, eso antes no existía, declara.

Hoy día las reivindicaciones no están ligadas a la propiedad de la tierra y su redistribución (a excepción de las demandas de los pueblos y comunidades indígenas que demandan la restitución de sus tierras ancestrales). Hay organizaciones que sí han reivindicado las mejoras laborales, como las organizaciones de mujeres temporeras que contribuyeron a mejorar sustancialmente las leyes y normas laborales en el agro desde inicios de los años 90.  Sin embargo, actualmente existen acciones colectivas en ámbitos como la protección del medio ambiente, el resguardo de las semillas originarias, la defensa del agua, pero estas no son reivindicaciones necesariamente campesinas, traspasan esa categoría, son más bien territoriales y convocan a un conjunto más amplio de personas.

El mundo rural se encuentra explotado en lo económico, subordinado en lo político y excluido en lo sociocultural, por lo que pensar en su desarrollo y transformación implica necesariamente entender que debe haber un cambio en el modelo social, económico y político. Si queremos cambiar eso, debemos pensar en un modelo de desarrollo más igualitario y justo para todos los territorios del país. En Chile no existe una política de desarrollo rural, más bien se incentiva el modelo exportador de materias primas con poco valor agregado. Y para la agricultura familiar, sólo existen algunos programas estatales subsidiarios que buscan compensar las consecuencias de un modelo excluyente, pero que precarizan la fuerza laboral y a los campesinos.

La propiedad de la tierra sigue estando altamente concentrada. Según el último censo agropecuario y forestal realizado el año 2007, sólo el 3,7% de la tierra de uso agropecuario eran explotaciones de menos de 20 hectáreas, mientras que el 89% de la tierra eran explotaciones con una superficie sobre las 100 hectáreas. Entonces, si queremos un desarrollo rural justo e inclusivo, y si no queremos que las localidades rurales sigan enviando población a los sectores periféricos de las ciudades, debemos pensar en nuevos procesos de redistribución.

La discusión no sólo debe ser respecto a la distribución de la tierra, tendrá que ser también respecto al tipo de agricultura, al tipo de producción y a la sustentabilidad. Dado el carácter extractivista del actual modelo de desarrollo, es fundamental que se ponga en discusión la protección de los “bienes comunes” o recursos naturales, así como la calidad de vida en los territorios rurales, bajo la perspectiva de derechos. Se debe establecer un debate político y no sólo técnico, por lo que es necesaria la participación y el empoderamiento de las comunidades y la voluntad de los diversos actores presentes en el mundo rural.

 

 

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