DERECHOS HUMANOS: JUSTICIA, REPARACIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN PARA AVANZAR

Ya van décadas avanzando cuesta arriba en la búsqueda de verdad, justicia, memoria, reparación y garantías de no repetición respecto a las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en Chile durante la dictadura cívico-militar. Un proceso doloroso en el que se han develado los horrores de la persecución política y las cicatrices de una sociedad profundamente dañada. No obstante, las acciones desde el Estado en esta materia han sido percibidas como insuficientes y pareciera ser que estos esfuerzos han sido sostenidos e impulsados mayoritariamente por la sociedad civil, a través de la conmemoración, el activismo político, la expresión artística y la denuncia.
Décadas invocando y construyendo el “nunca más”, para que, en algunos meses, tras las revueltas populares de octubre del 2019, nos confrontáramos con una terrible realidad: en nuestro país, no sólo existen deudas en la búsqueda de verdad, justicia, memoria y reparación, si no que estamos muy lejos de tener garantías de no repetición.

Más de 5.500 denuncias de violaciones a los Derechos Humanos ante la Fiscalía Nacional, 1.100 por tortura (Fiscalía Nacional, 2020), 26 personas fallecidas (Comisión Interamericana de DDHH, 2020), cerca de 345 personas con traumas oculares (Sociedad Chilena de Oftalmología, 2020), dan cuenta de una historia que lamentablemente se repite.

A pesar de la gran cantidad de denuncias, existe una cultura de impunidad que ha protegido a las instituciones represoras del Estado, que se evidencia en las diferencias que existen en el tratamiento judicial de los casos; “75 agentes estatales formalizados, 25 inculpados en prisión preventiva y un condenado, versus 27.432 manifestantes detenidos, 5.084 formalizados, 648 de estos en prisión preventiva y 725 ya condenados. Eso es, evidentemente, un actuar discriminatorio por resultado” (CIPER, 2020).

El por qué se repite la historia puede deberse a múltiples factores. Nos podemos preguntar, por ejemplo, si el actuar de los agentes de orden público hubiese sido el mismo bajo otros Gobiernos. Sin embargo, si revisamos los distintos “estallidos sociales” ocurridos tras la recuperación de la democracia, podemos observar un patrón de comportamiento altamente represivo y coercitivo por parte del Estado, que ha trascendido y que ha dado continuidad al rol opresor heredado por la dictadura. Se observa una actitud sensible y reactiva ante las posibles amenazas a la seguridad nacional, propia de un régimen militar. Espíritu que predomina y en la constitución del 80 y por lo tanto en las leyes que hoy nos rigen.

De acuerdo a lo anterior, un asunto fundamental a discutir durante el proceso constituyente es el rol del Estado en su relación con la sociedad civil. Discusión en la que se debe tomar en cuenta la expectativa planteada por los movimientos sociales, de que el Estado sea ante todo un garante de los derechos del pueblo, en reemplazo de lo que ha venido siendo; un protector de los poderes fácticos y un ente castigador de la manifestación y la desobediencia civil.

Las posibilidades que se abren para la instalación de nuevos paradigmas, nos tientan a dar saltos cualitativos y a plantear perspectivas que pongan en cuestión el antropocentrismo que hay a la base de la filosofía de los DDHH. Por ejemplo, haciendo extensibles los derechos no sólo a las personas, sino a todos los seres vivientes y a los ecosistemas. No obstante, si bien estas propuestas son necesarias para abordar la crisis civilizatoria, la sustentabilidad de los territorios o los límites de los avances tecnológicos, no deben pasar por alto las deudas pendientes respecto a las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en Dictadura y en el contexto de las revueltas populares del último tiempo. Es así, como las discusiones constitucionales sobre los Derechos de la naturaleza o el Buen Vivir, para ser congruentes, deben ir de la mano de acciones reparatorias a las víctimas de violaciones a los DDHH y sus familias, la excarcelación de quienes han sido detenidos en el contexto de una situación excepcional de convulsión social, la refundación de las instituciones de orden y seguridad pública y el establecimiento de un pacto social que establezca verdaderas garantías de no repetición.

Agosto 2021