Desarrollo Urbano y ciclos políticos

Javiera Gómez León, 19/03/2014

Para quienes hemos estado vinculados al tema del desarrollo urbano es interesante mirar con ojo crítico la instalación del nuevo gobierno y sus acciones en estas materias. El desarrollo urbano ha sido un gran pendiente desde la vuelta a la democracia, hemos construido viviendas pero hemos descuidado los barrios y las ciudades, permitiendo que crezcan al ritmo de los intereses del sector privado, cuestión que va en desmedro de los principios de equidad, participación ciudadana y sustentabilidad, y que a la larga afecta nuestra calidad de vida.

En la práctica Chile no cuenta, ni ha contado, con una política de Desarrollo Urbano. Nuestro sistema de planificación y ordenamiento territorial es un cúmulo de diversas normativas segmentadas entre sí, que inciden en distintos aspectos del territorio pero que no abordan la integralidad del desafío de planificar los asentamientos humanos. Estas normativas refieren a diversos aspectos, tales como el patrimonio, el medioambiente, entre otros. Por otro lado nos encontramos con los instrumentos de planificación territorial, que segmentan el territorio a partir de divisiones político administrativas, siendo uno de los más conocidos los Planos Reguladores.

Los avances respecto del tema durante los últimos años, refieren a la creación de una Propuesta de Reforma Urbana el año 2001 y la realización de la Consulta Nacional del documento de trabajo “Política Nacional de Desarrollo Urbano – Ciudades Sustentables” el 2009; ambos elementos que se constituyen como aportes para el desarrollo de la Nueva Política de Desarrollo Urbano (PNDU), trabajada por una comisión de expertos durante el gobierno de Sebastián Piñera y promulgada el 30 de octubre de 2013.

La PNDU, a grandes rasgos, propone generar un sistema de ordenamiento territorial integral, en donde se articulen ejes sectoriales y territoriales, de manera de abordar la complejidad de la gestión del territorio. Esto a través de cuatro ámbitos temáticos (integración social, desarrollo económico, equilibrio ambiental e identidad y patrimonio) y un eje vinculado a gobernanza que apunta a las reformas necesarias para lograr los objetivos planteados en las áreas temáticas.

Si bien la PNDU es un avance para que nuestro país cuente con un sistema de ordenamiento territorial en Chile que considere aspectos sociales, económicos, geográficos, medioambientales y culturales que forman parte y condicionan el desarrollo de los asentamientos humanos -ya que reconoce estos ámbitos y al mismo tiempo propone cambios importantes en la institucionalidad para incorporarlos- esto no es suficiente para lograr este nuevo sistema de ordenamiento territorial. Si no se desarrolla un amplio debate público al respecto, si no se incorpora la participación efectiva de diversos sectores de la ciudadanía y si el sector político no impulsa los cambios institucionales requeridos para la implementación de la PNDU, la propuesta probablemente se transformará en letra muerta, como tantas otras veces ha ocurrido en este ámbito.