EDUCACIÓN CÍVICA EN EL CONTEXTO ELECTORAL

Fotografía Lorena Arán

El individualismo, la atomización de las organizaciones sociales y la desarticulación del tejido social son productos de una construcción histórica que ha propiciado una lógica clientelar en el ámbito de la participación ciudadana. Es así como nos encontramos con una ciudadanía desafectada de lo político y con mecanismos poco solidarios para abordar los problemas que son de muchos, pero que se resuelven como si cada uno estuviera reducido a su propio metro cuadrado.

“Fortalecer las capacidades de las comunidades y construir un proyecto común basado en la cooperación es el gran desafío que nos plantea la Educación Cívica. Más allá de traspasar contenidos respecto a cómo se organiza la sociedad, es fundamental no perder de vista que en un país que se autoproclama como democrático, el propósito de tener una ciudadanía fortalecida en lo cívico apunta a promover la participación activa de la sociedad civil en la toma de decisiones”, sostiene Catherina Olivares Arias, Socióloga de ONG Surmaule.  A nivel de organizaciones sociales, se requieren liderazgos informados, movilizadores y con capacidad de gestión, articulados con redes locales, que conozcan el funcionamiento del aparato público y las formas de administración del Estado para poder consolidar los proyectos colectivos.

Para desarrollar proyectos de gran envergadura y de largo aliento, es vital la motivación y la confianza de las personas en el ejercicio de la participación. La participación no debe ser considerada como un fin en sí mismo, sino como una herramienta para consolidar la Democracia, en tanto permite a los ciudadanos aportar objetivamente al desarrollo de un mejor país.  Sin embargo, sabemos que las motivaciones no involucran a todos de la misma manera y aunque existan algunos ciudadanos muy activos en este proceso, otra parte de la ciudadanía se encuentra pasiva y manifiesta su desconformidad con el sistema y su resistencia a participar, argumentando que “no es posible cambiar el orden de las cosas” o que “participar no hace ninguna diferencia”.

La formación cívica, surge como la posibilidad de desarrollar las habilidades y la actitud necesaria para que los ciudadanos actúen de manera concreta y efectiva en la construcción de su país.  Según la definición de la Biblioteca del Congreso Nacional, la Educación cívica que se promueve en nuestros días, se orienta a “perfeccionar la capacidad de actuar de un ciudadano competente para una participación cívica informada, crítica y constructiva”.  Consiste en la posibilidad de promover los derechos, deberes y garantías de diversos grupos sociales y promover la acción organizada de una ciudadanía civil y política orientada por valores, predisposiciones y riesgos propios del ejercicio democrático.

Por lo tanto, fortalecer las capacidades de incidencia de las comunidades a partir de un proceso de aprendizaje que dinamice la acción colectiva, es una forma de Educación cívica que se orienta hacia una participación de nivel decisional y vinculante, con posibilidades reales de incidir en la agenda pública. Este aprendizaje permitirá una transformación social histórica, capaz de revertir el individualismo y clientelismo instalado desde hace más de cuatro décadas, para dar paso a una sociedad empoderada, crítica y consciente, e informada de la responsabilidad que le cabe en la construcción del país que soñamos.

PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA

Marcelo Gutiérrez Lecaros, Presidente de ONG Surmaule argumenta: “La participación es un medio para el logro de objetivos y lleva consigo un carácter colectivo que se expresa en la búsqueda del bien común. Si pensamos en el propósito final que nos mueve a participar, es probable que coincidamos en la idea de mejorar las condiciones de vida, nuestras y de la comunidad. De este propósito se desprenden objetivos en ciertas áreas específicas de interés (Educación, Salud, Vivienda, Medio ambiente, entre otras). Tal enfoque implica dejar de mirar la participación como un fin o encapsulada en espacios marginales, para considerarla una herramienta transformadora. No basta con firmar una planilla de asistencia a una reunión o estar inscrito en alguna organización o mesa de trabajo. Es necesario llevar a cabo acciones participativas —estratégicas, planificadas y conjuntas— que nos permitan influir en las decisiones que nos acercan o permiten lograr nuestros objetivos y propósitos”.

Más allá del acto de elegir a nuestros representantes para que decidan por nosotros, el ejercicio más profundo de la participación se materializa en la vinculación directa de las personas con los asuntos que se deciden en un territorio y, en consecuencia, con las mejoras de las condiciones de vida de la comunidad que lo habita. En esta perspectiva, podemos decir que para ser parte activa en la construcción de nuestros territorios se requiere superar la democracia solo representativa, y avanzar hacia una democracia participativa, en que la ciudadanía incida directamente en los asuntos públicos.

Para ejercer nuestra soberanía en el marco de un Estado de derecho, lo hacemos desde nuestra condición de ciudadanos y ciudadanas, con todas las facultades que nos confiere el pacto social expresado en una Carta Fundamental —o Constitución Política— y en las leyes. Es por ello que para incidir en las decisiones que afectan a nuestro territorio, lo hacemos ejerciendo soberanía y desde nuestro derecho a participar, en cuanto somos ciudadanos de un país. Nuestra Constitución Política establece que “la soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio” (Cap. I, art. 5). Más adelante establece que la calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio, de optar a cargos de elección popular y los demás que la Constitución o la ley confieran (Cap. II, art. 13). Esta concepción de democracia reconoce como ejercicio de soberanía solo el acto delegativo del voto, dejando fuera la participación directa de la ciudadanía en la gestión de lo público. Tal enfoque, obviamente, no alcanza para enfrentar el desafío de construir territorios verdaderamente democráticos y orientados al bien común. Es por lo anterior que consideraremos la participación ciudadana en un sentido más amplio, en cuanto el derecho que un habitante del territorio tiene de incidir en los asuntos públicos que le afectan, desde los marcos normativos, pero también con estrategias complementarias a los mecanismos establecidos por ley, e incluso al margen de las instancias institucionales. (“Guía para el fortalecimiento del territorio”, Ediciones Surmaule, 2013)

Es así como “la Democracia representativa está hoy en crisis y caminamos hacia una Democracia participativa y directa como fenómeno de esta época, declara Mirko Macari, Analista político. La abstención electoral amenaza la sostenibilidad de la Democracia. Desde Surmaule, pensamos que a pesar de la instalación del pensamiento neoliberal y de un sistema político excluyente, seguimos siendo sujetos de derechos con capacidad para colmar y tensionar los espacios de participación institucionales y para avanzar en espacios más profundos de participación. En este sentido, la acción participativa conlleva un cambio de paradigma, que nos lleve a creer en una ciudadanía más interesada en lo público, solidaria y convencida de poder transformar la realidad. Se requiere, entonces, un cambio de actitud y la promoción e instalación de nuevos valores que nos impulsen a reivindicar y recuperar la política y el poder como bienes sociales a los cuales todos y todas tenemos derecho.

EL ROL DE LA SOCIEDAD CIVIL

La sociedad civil es una parte de la sociedad (o de la ciudadanía), organizada, con objetivos comunes cuya finalidad es elevar demandas a la esfera pública y, eventualmente, al Estado. Lo anterior, con la finalidad de influir en la sociedad a través de cambios realizados por la vía institucional. En ese sentido, se puede plantear que la Sociedad Civil es un mecanismo de participación ciudadana.

Es por ello que Surmaule se interesa en los temas públicos. Su trabajo se vincula directamente con los actores sociales y la comunidad, impulsando diversos procesos de transformación desde los territorios. El trabajo comunitario, la formación de actores sociales, la articulación de redes y el análisis de los procesos sociales, son las áreas de acción que mueven a la institución, donde sin duda, el impulsar la participación ciudadana en todas sus formas es un propósito.

La relevancia de la Sociedad Civil en las últimas décadas se hace evidente en los procesos de transiciones a la democracia en América Latina y los países de Europa Oriental, así como en el surgimiento de nuevos movimientos sociales que claman por reconocimiento y por hacer visibles demandas emergentes que cuestionan los modelos tradicionales de participación política.

Hoy entendemos la participación ciudadana como un elemento fundamental en la política.  Consiste en un espacio decisional, cotidiano y transversal, donde la influencia de los distintos sectores de la sociedad, apunta a fortalecer la gobernanza territorial (administración de los asuntos públicos), lograr procesos democráticos inclusivos, transformar las relaciones de poder y mejorar la estabilidad de las instituciones.

Si entendemos la formación ciudadana como el desarrollo de las competencias necesarias para formar ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, tanto en el aspecto político como social; se puede sostener que la participación en organizaciones de la Sociedad Civil permite empoderarse de derechos, y asumir responsabilidades respecto de los problemas que afectan a la sociedad y hacer un llamado a tomar parte en la solución de estos problemas, donde Surmaule busca contribuir al conocimiento crítico y metodologías participativas a las acciones ciudadanas, visibiliza experiencias de construcción participativa de los territorios, Incide en la agenda pública y en la manera en que las personas, los colectivos y comunidades participen de los procesos de cambio sociales y promovemos la articulación de redes territoriales de acción centradas en lo público.

Actualmente, tanto la Sociedad Civil como los Estados y la población en su conjunto, enfrentan diversos desafíos que derivan de la necesidad de lograr un desarrollo más humano y sostenible. Lo anterior se relaciona con lograr mayores niveles de equidad, que permitan disminuir las desigualdades, en cuanto a género, acceso y calidad de la educación, entre otros aspectos.

La Sociedad Civil tiene entonces un papel fundamental en la transformación social, empoderando a los ciudadanos para ejercer sus derechos y sus responsabilidades, donde el voto en las elecciones Presidenciales y Parlamentarias, si bien no lo resuelve todo, resulta de gran importancia para el ejercicio de la vida cívica.

EL CONTEXTO ELECTORAL

Según el documento del Programa de Las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD “Participación electoral: Chile en perspectiva comparada 1990 – 2016”, la disminución de la participación en las votaciones electorales es una situación que está lejos de ser un fenómeno generalizado, porque en nuestro continente sólo se ha registrado un escenario similar en Costa Rica, mientras que hubo un aumento en la participación electoral en otros países de América latina del 63,3% al 70,8% entre los años 1990 y 2016.

La sociedad chilena en el contextos de las presentes elecciones presidenciales y parlamentarias se encuentra con “decrecimiento y desmotivación… se instala la ruptura entre la vida privada y la pública, la gente percibe que gobierne quien gobierne su vida no cambiara” señala Mirko Macari.

Susan Luna Muñoz, Coordinadora Ejecutiva y Socióloga de Surmaule señala: “El ejercicio democrático, más allá de ser el punto de partida de un gobierno que incorpora la participación del pueblo en la toma de decisiones para el bien común, se ha transformado en un concepto que trasciende a los gobernantes e interpela a los ciudadanos acerca del rol que deben jugar en la toma de decisiones respecto a la sociedad.  A pesar de los esfuerzos por incorporar a los ciudadanos en la toma de decisiones, es posible evidenciar una disminución de la participación en relación a la cantidad de personas que votan en las elecciones, lo que a su vez habla acerca del debilitamiento de la democracia y pone en cuestionamiento la legitimidad y representatividad sus resultados”.

La participación en el proceso eleccionario implica un involucramiento activo de la población en aquellos procesos de toma de decisiones públicas que tienen repercusión en sus vidas. Además, es un mecanismo importante para empoderar a la ciudadanía acerca de sus derechos y para fortalecer aspectos como rendición de cuentas (accountability), transparencia y gobernanza, entendidos como elementos necesarios de una democracia moderna.

Marcelo Gutiérrez Lecaros, a propósito de la campaña que ha levantado ONG Surmaule en redes sociales para incentivar el voto (#tuvotovale), agrega: “Nuestra intención es que seamos más quienes decidamos respecto a quienes nos representarán, que nuestro voto sea informado y con contraloría ciudadana, y abrir debate respecto a temas que debieran estar en los programas de gobierno. Creemos que es importantísimo votar conscientes de las diferentes apuestas políticas, creemos que construyendo mayorías se pueden empezar a generar transformaciones sociales importantes; votar informados es una oportunidad que hoy tiene la comunidad nacional como la que se encuentra fuera del país”.

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