El cooperativismo como práctica económica solidaria

Marcelo Gutiérrez Lecaros – Diario El Centro, 12/06/2014

Según la Alianza Cooperativa Internacional (2012), las cooperativas cuentan con casi 1.000 millones de socios en todo el mundo y generan 100 millones de empleos, un 20 % más que las firmas multinacionales. En lo local, la Región del Maule es la que posee dentro de su población un mayor porcentaje de asociados  (23%), pero concentrados principalmente en las Cooperativas de Ahorro y crédito y con cero existencia de cooperativas de trabajo.

Las empresas cooperativas, a diferencia de las empresas privadas tradicionales, se fundan en valores solidarios y democráticos. La premisa fundamental de “un socio, un voto” alude a la soberanía de la asamblea, siendo los propios trabajadores o cooperados los dueños de la empresa.

La organización cooperativa es aplicable a prácticamente todas las actividades socio productivas, tienen una ley vigente en Chile y un departamento dependiente del Ministerio de Economía que las regula. Siendo una cooperativa de trabajo, por ejemplo, se puede abrir cualquier giro, desde fabricación y venta de productos hasta venta de servicios profesionales. Sin embargo, hoy en Chile, pareciera ser que la única forma de legalizarse para emprender una actividad de producción económica fuese a través de figuras jurídicas que permiten el lucro de unos pocos a costa del trabajo de muchos. Es más, el Estado incentiva la formación de sociedades de responsabilidad limitada través de su página web “tu empresa en un día”, no así la formación de cooperativas, debiendo pasar estas últimas por un proceso más lento y engorroso. Desde esta lógica, lo que se promueve en definitiva es la propiedad centralizada por sobre la propiedad colectiva; el modelo emprendedor de acumulación capitalista por sobre el emprendimiento solidario y distributivo.

En términos históricos, la formación de cooperativas ha decaído drásticamente, desde su auge durante el gobierno de Frei Montalva con 1.466 constituidas, hasta el primer gobierno de Michelle Bachelet con sólo 24 cooperativas constituidas. Pasando, claro, por la instalación del sistema neoliberal durante la dictadura y una Ley General de Cooperativas (1978) que las  rigidizó en la ética liberal.

Por su parte -como lo reflejaron los informes de Desarrollo humano del PNUD (1998 y 2000)- la sociedad chilena posee grados de confianza social muy bajos, lo que ha debilitado la asociatividad, sobre todo cuando se trata de fines socioeconómicos. Esta realidad respondería a varios factores: 1) un sistema educativo basado en la competencia por sobre la solidaridad y la cooperación, 2) los altos niveles de desigualdad (el decil más rico gana 27 veces más que el más pobre; Chile es el país más desigual de la OCDE) y 3) el individualismo egoísta propio del pensamiento neoliberal.

El fortalecimiento del sector cooperativo chileno -desde su vocación social y solidaria- resulta fundamental para una sociedad que busca la justicia y el bien común. No obstante, es un sector que debe recuperar los valores y sentidos  que lo orientaron desde sus inicios, para defender con fuerza su existencia a nivel  legislativo y para ayudarnos a re significar la práctica productiva como un proceso de empoderamiento económico, necesariamente solidario y colectivo.