El derecho a ser persona en tiempos de nueva normalidad

Desde el Norte Global al Sur Global, la pandemia nos ha sacado una fotografía en tiempo real de los abrumadores efectos sociales que, a causa de este modelo económico, producen  desigualdades estructurales que nos afectan transversalmente a muchos países. Desde Italia hacia Chile, la emergencia sanitaria ha obligado a los gobiernos, a la opinión pública y a la comunidad internacional a poner el foco hacia aquella parte invisibilizada de la población que vive en condiciones precarias y, muchas veces, deshumanizantes. En tiempos en donde la cédula de identidad es fundamental para solicitar permisos de circulación o para reglamentar los días de salida, no tener documentación vigente equivale a no existir para el sistema. Como si la condición de ser humano no fuera por si sola suficiente para el reconocimiento de la existencia o, más aun, de ser persona. Ésta es la realidad que están viviendo los migrantes que, por juegos de normas, se encuentran en situación de irregularidad en varias partes del mundo. Para la población migrante más vulnerable, el virus ha exacerbado la precariedad que ya vivía en tiempos de “normalidad”. Hoy en día no tener papeles significa no poder acceder a un trabajo formal, no tener acceso a un sistema de salud, a una vivienda digna, a una educación de calidad y, en general, no permite tener lo suficiente para la sustentabilidad de la vida. A todo esto se suma una ola global de discriminación que ha contribuido aún más a la estigmatización de los migrantes vistos como los/as responsables de nuevos contagios. De hecho, la retórica de los gobernantes de varios Estados se ha centrado en la necesidad de operar un cierre de fronteras total para evitar que la inmigración irregular propiciara nuevas formas de contagio en nuestras sociedades.

A éste propósito, es interesante enfocarnos en el concepto de “irregularidad”. Esta es una condición producida por normas nacionales que responden a una perspectiva colonial del concepto de ciudadanía, la cual se basa en la existencia del binomio población nacional/ población migrante. En éste binomio, el “ser nacional” es requisito necesario para acceder a algunos derechos fundamentales. Para los demás existen normas que regularizan el derecho a migrar, transitar y, sobre todo, a quedarse. Cuando estas normas abordan el fenómeno migratorio como un “problema” de seguridad nacional y no tienen en cuenta el individuo, ni su proyecto migratorio, los derechos humanos quedan en segundo plano. Es bajo esta lógica, que los puertos cerrados en el Mediterráneo, las fronteras clausuradas entre Chile, Perú y Bolivia,  y en general los aeropuertos, terminales de buses y de trenes se transforman en verdaderos limbos que impiden el ingreso y/o el retorno de las personas, generando, así,  nuevas situaciones de irregularidades y de vidas  suspendidas o, por decirlos en palabras de Boaventura de Sousa Santos, de vidas ausentes.

Para enfrentar este círculo vicioso, algunos países europeos, han decretado la regularización de los trabajadores migrantes irregulares para garantizarles el derecho a una residencia temporaria. Si bien medidas como esta son necesarias y efectivas en el corto plazo, no representan las propuestas definitivas al fenómeno migratorio. Esto para dos motivos: por un lado operan en favor de la visibilización de una parte de población migrante que ya reside en los países de acogida; por otro, dejan por fuera todas aquellas personas que están en derecho -o en necesidad- de migrar por motivos diferentes. La regularización sigue siendo el primer paso fundamental para frenar las vulnerabilidades ya existentes, pero la reflexión necesita ir más allá del corto plazo. Se hace urgente proponer nuevas formas de acogida en los países de destino, reconocer el derecho a migrar como derecho humano y pensar en construir sociedades interculturales, en donde la diversidad cultural de los habitantes de nuestros territorios sea visibilizada y reconocida como riqueza. Esto es posible a través de una transición desde democracias monoculturales hacia democracias interculturales, en donde no existan relaciones verticales entre la cultura dominante y las minorías, sino más bien relaciones de intercambio horizontal cuyo objetivo es construir sociedades más igualitarias y en convivencia real. Pensando en la construcción de una nueva normalidad, la apuesta sigue siendo crear sistemas de gobiernos que promuevan el reconocimiento de una actoría social, multidimensional, y política que incluya a todas aquellas personas  que, por no pertenecer a la cultura hegemónica, tienen un acceso limitado a los derechos fundamentales. Es decir, el desafío es transitar hacia una ciudadanía intercultural que reconozca el ser humano como valor imprescindible.

Julio, 2020