Entrevista a Gonzalo Delamaza: “Yo creo que estamos viviendo el cierre de una etapa»

Daniel Giacaman Zaror – Diario El Centro, 03/01/2015

Gonzalo Delamaza es doctor en Sociología de la Universidad de Leiden (Holanda) y referente nacional en temas de participación ciudadana. Prefiere no hablar de “casos emblemáticos” y considera que las acciones comunitarias de base tienen tanta o más importancia que las grandes luchas derivadas de conflictos mediáticos como los que se vivieron en Punta de Choros (2010), Magallanes (2011) o Freirina (2012).

A su juicio, es necesaria una nueva Constitución, pero tiene claro que esa no es la receta mágica para solucionar todos los problemas que existen en el país. Para él, es necesario que exista mayor articulación e instancias de diálogo entre las organizaciones para fortalecer a una sociedad que hoy en día se encuentra muy debilitada.

Por esta razón, valora que se realicen actividades como el Seminario Interregional y Encuentro de Experiencias “Acción Colectiva en el Territorio” (ACT 2015) organizado hace algunas semanas por ONG Surmaule, evento al que asistió como expositor y que reunió en la Universidad Católica del Maule (UCM) a más de 70 líderes y dirigentes sociales provenientes de las regiones del Maule, Biobío y O’Higgins.

¿Cuál es el diagnóstico que usted hace del Chile actual?

“Yo creo que estamos viviendo el cierre de una etapa, un ciclo que está marcado por el proceso político que significó salir de una dictadura y levantar una democracia que se organizó sobre la base de evitar grandes transformaciones, manteniendo una estructura económica que produce muchos conflictos y un sistema de relaciones sociales que debilita mucho la sociedad. Eso durante mucho tiempo tuvo gran estabilidad, pero desde hace algunos años la sociedad empezó a manifestar descontento activo respecto de esa situación. En realidad, el malestar era anterior, pero no tenía un canal de expresión de esa manera y ahora sí se ve una mayor disposición a protestar, exigir derechos, manifestarse, etcétera”.

¿Qué factores generan esta manifestación más activa?

“En primer lugar, es interesante que no lo gatilla una crisis económica. Por ejemplo, los indignados en España es un movimiento que tiene detrás el desempleo abierto de una enorme cantidad de la población y la frustración de expectativas. Acá no es eso: a pesar de haber progreso económico y crecimiento sostenido, el descontento es con la forma cómo vivimos, hay un agotamiento de una propuesta de organización de la sociedad que no toma en cuenta requerimientos mínimos de garantías de derechos básicos. Es el descontento con el abuso, con la injusticia en términos generales, con la concentración de la riqueza y los recursos en muy pocas manos y, por lo tanto, una sensación muy fuerte de desigualdad, una falta de legitimidad de las instituciones y, por supuesto, una falta de canales institucionales y políticos para expresarse. Sin embargo, creo que el efecto de este período largo ha sido un debilitamiento de la sociedad. O sea, hay expresión de descontento, pero muy poco de movimientos sociales estructurados, permanentes, estratégicos o con propuesta. Tenemos la sensación de que esto tiene que cambiar, pero no dialogamos sobre los caminos mediante los cuales lo podemos hacer”.

¿Esa sociedad debilitada es parte de la herencia de la dictadura?

“Claro. Primero hubo un período largo de represión y luego no se reconstruyó eso. Yo hablo del archipiélago de la sociedad chilena, o sea, existen múltiples grupos pequeños organizados en torno a sus intereses más específicos, pero lo que hay muy poco es la forma de encontrarnos más permanentemente en relación a los intereses de todos”.

¿Esta protesta más activa se explica por el cansancio que tiene la ciudadanía?

“Es difícil hacer un juicio tan genérico, pero yo percibo que hay mucha rabia y frustración. Por ejemplo, este sistema se basó en la provisión privada de servicios como salud y educación, y la promesa era que nos iba a generar bienestar a todos… Y lo que produce no es eso. Entonces, llega un determinado momento en que eso se agota y no se percibe cómo se puede hacer una transformación efectiva, entonces se expresa de esa forma y en una pérdida de legitimidad de las instituciones y en una crisis de confianza”.

Una de las conclusiones del ACT 2015 fue que se necesita una nueva Constitución. ¿Qué opina usted al respecto?
“Yo pienso que sí se necesita una nueva Constitución, pero no creo que eso modifique completamente lo que estamos hablando. Estos son procesos profundos, son estructuras económicas y sociales que llevan mucho tiempo instaladas de una manera muy radical. Hay temas como, por ejemplo, la legislación sobre los recursos naturales que en Chile tienen una regulación excesivamente neoliberal. Entonces, la Constitución tiene que reflejar una mayor presencia de la sociedad, pero tenemos que ser capaces de participar en cómo debiera ser esa Constitución y también en el desarrollo y la implementación de todas esas lindas ideas que expresan las Constituciones pero que no se transforman en realidades mágicamente”.

¿Se puede decir que el Estado actualmente no fomenta ni facilita una verdadera y efectiva participación ciudadana?

“Lo que hace principalmente el Estado a través de las políticas sociales es fomentar la microorganización para ejecutar pequeñas acciones comunitarias. Por ejemplo, hay una asociatividad de los adultos mayores, pero está limitada en sus temas, en su escala y en su aporte. Entonces, el Estado coloca recursos a través de proyectos para poder desarrollar algunas actividades, lo que es interesante, importante y necesario. Pero no tiene apertura para la participación de esos mismos adultos mayores en definir la política del adulto mayor y tampoco tiene un respaldo para que las organizaciones se fortalezcan, o sea, para que no sólo tengan recursos para hacer un proyecto, sino que puedan el día de mañana colaborar con otros para hacer propuestas, desarrollar acciones autónomamente o formar dirigentes. Por ejemplo, encuentros como el que se realizó en Talca se hacen muy poco hoy en día, mucho menos que en el pasado. Debiese ser una meta de la política pública el fortalecer este eslabón débil que está siendo nuestra sociedad tan desarticulada, fragmentada y con tanta desigualdad en el acceso a los recursos para poder desarrollar la convivencia”.

Casos como el de Punta de Choros, Magallanes o el movimiento estudiantil han forzado cambios en las decisiones de las autoridades. ¿Son importantes estas experiencias como ejemplos del poder ciudadano?

“Ese tipo de conflictos, en la medida en que han sido capaces de revertir situaciones, son muy importantes porque demuestran que se pueden cambiar cosas, pero también es relevante la acción comunitaria de base, que le demuestra al vecino común y corriente que se pueden hacer transformaciones. Los movimientos que mencionas representan casos especialmente conocidos que han trascendido su propia frontera y que han tenido logros positivos, y desde ese punto de vista son importantes y generan mucha motivación, pero no todo tiene que desarrollarse en virtud de grandes conflictos, porque también tenemos que construir”.

En el ACT 2015 se ratificó una tendencia que se puede apreciar a nivel país: cada día hay más organizaciones medioambientales. ¿Cómo se explica eso?

“Yo creo que hay una legitimidad muy fuerte del tema medioambiental. Hace 15 años, era interés de pequeños grupos que eran vistos como gente un poco rara, pero hoy día es una preocupación de todas las comunidades. Yo creo que una de las razones es que el modelo productivo que tenemos está muy basado en la explotación de los recursos naturales y ha sometido a los territorios a una presión muy fuerte. Eso no produce beneficio para las comunidades y genera muchas consecuencias negativas, entonces se multiplican los problemas de contaminación, de disputa y de agotamiento de los recursos. Existe muy poca legislación que proteja el medioambiente y sin una consideración adecuada, porque podría tener una base extractiva, pero limitándola a los temas de sustentabilidad”.