La legislación migratoria en Chile

Hay que tener en cuenta que tal como la Constitución política del Estado, el código de aguas y el código del trabajo, la actual legislación migratoria fue redactada en plena dictadura. Esta tiene como base la Ley de Extranjería (Decreto de Ley Nº1094 de 1975).

Si bien, de acuerdo a tratados internacionales suscritos por Chile, desde su redacción hasta ahora se han incorporado disposiciones relacionadas con la nacionalidad, el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas y la protección de refugiados, la ley de Extranjería del 75 sigue vigente.

De acuerdo al momento histórico en que la ley se promulga, es fácil darse cuenta que esta no se sustenta en la perspectiva de derechos, sino en la ideología de la seguridad nacional, la cual termina operando desde un criterio básico a todas luces prejuicioso y discriminatorio; todos los extranjeros (unos más que otros, dependiendo el país de origen) pueden representar una amenaza para la nación. Es así como desde esta legislación migratoria, nos encontramos con prohibiciones de ingreso por motivos políticos y sanitarios, rechazo de entrada a quienes puedan constituir una carga social e incluso aplicación de multas a niñas, niños y adolescentes por encontrarse en situación irregular al seguir el proyecto migratorio de sus padres.

Si bien, el ejecutivo ha emitido instructivos para ir igualando derechos (sobre todo en la regularización de menores de edad), y está desarrollando propuestas para modificar esta anacrónica ley, integrando mejoras respecto al trabajo migratorio y las condiciones de entrada y salida del país, parece ser que aún estamos lejos de una legislación migratoria que en sus fundamentos profundos asegure una integración multidimensional de la población migrante, en cuanto a salud, previsión, educación, vivienda y participación ciudadana, entre otros aspectos, como lo han estipulado las principales instancias internacionales de protección de los derechos humanos.

A revisar el nuevo proyecto de Ley migratoria, podemos constatar que a pesar de que incluye un discurso inspirado en la perspectiva de derechos, el aterrizaje hacia las nuevas disposiciones sigue basándose en el tema de la seguridad (se habla de “migración segura”, ampliando la mirada hacia la seguridad del migrante, pero sin descuidar la seguridad nacional); incluyendo un registro de inmigrantes y procedimientos burocráticos y sancionatorios que terminan diluyendo los derechos y deberes que se pretenden resguardar.

Mientras esperamos por una nueva ley migratoria, se debe avanzar en políticas públicas de acogida que tiendan a la articulación sectorial en el tema de migración. Resulta fundamental abrir espacios de formación y sensibilización para funcionarios públicos, que favorezcan la actuación informada de las personas delegadas para el tema y por sobre todo la aplicación criteriosa de las normativas vigentes.

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