La Mercantilización del Agua en Chile

surmaule Marcelo Gutiérrez Leave a Comment

Uno de los bienes comunes que más se ha visto afectado por la máquina privatizadora del modelo neoliberal chileno es el agua. El funcionamiento del negocio del agua en Chile permite observar la narrativa mercantilista que hay a la base de nuestro modelo de desarrollo, a tal punto que restringe la posibilidad de acceso a un elemento esencial para la vida humana y para los ecosistemas.

Según Chile Sustentable, hay dos factores que han afectado la disponibilidad y calidad del agua dulce en el planeta: el aumento de la actividad humana y la contaminación. En nuestro país la situación ha empeorado aún más dado el contexto de políticas que han tendido a su mercantilización. La gestión y acceso al agua se regulan en Chile según el Código de Aguas de 1981, elaborado e instaurado durante la dictadura militar, acompañando una serie de medidas de liberalización económica. Básicamente, el agua se mercantiliza y se gestiona bajo criterios de oferta y demanda, produciendo una fuerte concentración de este recurso en los grandes capitales para los cuales el agua es motor y sustento, como la minería, la industria forestal y la industria energética, en desmedro de las comunidades sin poder económico.

Las dificultades de acceso al agua por parte de la población se ven acrecentadas en territorios de escasez, como las regiones del norte de Chile y los secanos costeros de la zona  central, siendo estos territorios además cunas de grandes proyectos mineros y forestales. Esto ha puesto en alerta a las comunidades, levantando conflictos y poniendo en tensión la instalación de la gran empresa extractivista y energética.

Resulta paradójico que el Código de Aguas establezca que el agua es “un bien nacional de uso público”, pero al mismo tiempo “un bien económico” que puede ser  concesionado a perpetuidad y sin límites, dejando en manos del mercado la configuración de su propiedad y su acceso, como si fuese un elemento del cual los seres humanos por opción pudiéramos prescindir.

En este mercado de las aguas, el bien común pasa a ser recurso hídrico. Y como toda mercancía sujeta a transacciones de acuerdo a intereses privados y no públicos, también el agua ha tendido a la monopolización, concentración y sobre explotación, perjudicando a cuencas hídricas superficiales y subterráneas. La otorgación de derechos consuntivos (que permiten la utilización del agua sin retorno) y no consuntivos (que obligan a devolver el agua a su cauce tras su uso) utilizando criterios de mercado, ha provocado daños irremediables en los ecosistemas.

La mercantilización del agua se ha naturalizado de tal manera que las alzas en el precio, los ajustes de sencillo, los cobros por alcantarillado o reposición de servicios que las empresas sanitarias cargan a las personas, se asumen de manera pasiva y desvinculada de los espacios de decisión política, permitiendo que tengamos los servicios de agua potable más caros de Latinoamérica.

Como vemos, la situación es de extrema gravedad y las voluntades éticas y políticas del empresariado y el Estado parecen no estar alineadas con una gestión democrática del agua. Es por esto que la sociedad civil debe defender el acceso al agua como un derecho humano fundamental y como un bien de uso público que no se puede entregar a las transacciones del mercado. Se debe avanzar en desnaturalizar la mercantilización de este elemento fundamental para la vida, cuestionar el modelo de desarrollo e impulsar cambios profundos a la legislación vigente.

Marcelo Gutiérrez Lecaros

Presidente de ONG Surmaule