TPP11 para la región del Maule: Preguntas e incertezas desde las ciudadanías

El pasado 28 de mayo se realizó en Talca el Foro Panel “Implicancias del Tratado Transpacífico para la Región del Maule”. De forma inédita, un grupo de organizaciones sociales, comunitarias, sindicales, feministas y socioambientales se plantearon abrir un espacio de información y reflexión crítica en torno al TPP11 con la aspiración no sólo de problematizarlo, sino de dar a luz un ejercicio de diálogo social con los senadores de la República que representan a nuestra región y quienes hoy ostentan, en el marco de nuestra mezquina democracia, la responsabilidad de votar por la ratificación del tratado en el Congreso.

Más allá de lo ocurrido en el detalle del foro, el que por cierto ha sido catalogado como un éxito por parte de la organización desde la perspectiva del debate público, hay algunas ideas que desde este y otros espacios han ido adquiriendo la suficiente sustancia como para poner en duda el discurso oficial sobre los supuestos beneficios del tratado. Además, algunas de las conclusiones del foro nos arrojan de cara a nuestras realidades regionales, llamándonos a traducir las complejidades de la “letra chica” de este mal llamado tratado de libre comercio, para abrir una discusión con perspectiva territorial y con la mayor cantidad de actores posibles.

Lo primero que aparece con creciente nitidez, como lo han dicho los destacados economistas José Gabriel Palma y Hassan Akram, es que el TPP11 se constituye como un Tratado de Protección de Inversiones que pone en riesgo la regulación pública en varias materias, donde la clave es “congelar” el corpus legislativo y de políticas públicas para favorecer un trasnochado modelo de crecimiento basado en el extractivismo y la depredación de nuestros bienes comunes.

El impulso exportador de los sectores dominantes de la economía regional -el sector silvoagropecuario, el sector forestal y la industria alimentaria- es un fiel reflejo de la dinámica extractivista y acumuladora del modelo; representada en las profundas desigualdades territoriales que genera, el deterioro demográfico de nuestras ruralidades, la cronicidad del empleo precario, las desalentadoras realidades salariales y  la aniquilación soterrada y progresiva de los modos de vida propios de las agro-culturas de la región del Maule.

Los argumentos sobre las ventajas del TPP11 para la economía nacional no dan cuenta de la escala regional, pues no queda claro si la progresiva preferencia arancelaria a la agro exportación para mercados que ya se encuentran abiertos por los TLC vigentes con los 11 países firmantes del tratado, representan una efectiva oportunidad de superación de las brechas sociales y económicas existentes en el Maule. Cabe además preguntarse, si estas “nuevas ganancias” justifican las concesiones que deberá hacer el Estado chileno para proteger la inversión transnacional, dado que los mecanismos de resolución de controversias, basados en arbitrajes privados, terminarán restringiendo las garantías de los países no industrializados ante las eventuales demandas que pudiesen surgir desde las empresas extranjeras que sientan menoscabo sobre las expectativas de utilidades o ganancias a percibir por el negocio importador / exportador que se realice.

Desde una perspectiva amplia, en cuanto a la sustentabilidad del territorio, no es posible obviar en esta discusión la situación crítica de los bienes comunes que son fundamentales para la vida,  como el agua y el suelo; crisis producida por la profundización de los extractivismos agroindustriales, forestales y energéticos en un escenario inevitable de cambio climático y desertificación. Además, resulta al menos irrisorio que el debate legislativo de aspectos tan importantes para las formas de vida en la región, como lo son los vegetales, las semillas y en general el patrimonio fitogenético, se sostengan bajo el alero del convenio UPOV91, el cual, tras la firma del TPP11, deberá ser obligatoriamente ratificado mediante una ley de obtentores vegetales, que regulará la propiedad de variedades inventadas para ser comercializadas preferentemente en mercados extranjeros, obligando al pequeño campesinado a homogeneizar su producción de acuerdo a una demanda creada por las corporaciones globales de la alimentación. De este modo y como ha venido pasando con la irrupción del negocio biotecnológico, respaldado por las políticas públicas de fomento a la pequeña producción agrícola, el riesgo no pasa por la privatización de la semilla tradicional, sino por el encuadre hegemónico de un mercado reducido en variedades que hace desaparecer por desuso y por constricción económica la diversidad fitogenética, que ya en los últimos 50 años se ha reducido en más de un 70%.

Una última interrogante de la cual se ha escuchado poco, pero que no deja de ser importante, tiene relación con los dispositivos de validación ciudadana que el TPP11 dice haber desarrollado. El denominado “cuarto adjunto” aparece como un apartado de legitimidad social del tratado bastante cuestionable, pues se sostiene en una convocatoria centralista (donde no se invitó a organizaciones regionales del Maule), poco transparente y carente de esfuerzos legítimos por abrir una discusión certera, efectiva y de alcance territorial sobre el tratado. Podemos constatar que el vigor del debate público sobre el TPP11 existe hoy gracias al movimiento social y ambiental, y que su validez es frágil, que sus recovecos son profundos e imbricados y que en realidad no se ha balanceado con rigurosidad democrática sus efectos sobre nuestra soberanía, sobre nuestros territorios y sobre nuestras economías locales.

No deja de ser preocupante que la inminente aprobación del TPP11 se transforme en una verdadera roca en el zapato, sobre todo para las agendas sociales y ciudadanas que se han levantado en la región para hacer contrapunto al modelo extractivo y productivista desde la perspectiva de la sustentabilidad. Sin duda, se oscurece el panorama para los esfuerzos que intentan fortalecer una racionalidad alternativa a la lógica efectista del crecimiento económico como condición para el desarrollo.

Dadas las implicancias históricas y geopolíticas del TPP11 y la fuerza con que es defendido por las elites de nuestro país, el escenario no es prometedor. No obstante, los esfuerzos por apropiarnos del tema, someterlo al debate público y diseñar estrategias adecuadas de incidencia, permitirán a las bases sociales y ciudadanas estrechar las asimetrías de poder que hoy son tan evidentes en los territorios regionales.

Es un tema en plena vigencia, del cual aún no se ha dicho la última palabra.

 

Alejandro Salas Barrios. Trabajador Social

Área de Territorios y comunidades sustentables, ONG Surmaule