Volver al 68 después de vivir medio siglo

Francisco Letelier Troncoso – Diario El Centro, 02/12/2015

Desde los años 40 en adelante se produjo un ascendente proceso de organización social a nivel barrial. La sociedad estaba en un momento creciente de colectivización. Se comienzan a crear los primeros centros de vecinos que buscan participar activamente en la construcción de los barrios. La vida poblacional es intensa. A nivel mundial los urbanistas comienzan a plantear la necesidad de trabajar a una escala urbana que permitiera construir ciudades a escala humana.

En el contexto del crecimiento acelerado de las grandes ciudades de EEUU, Europa y América Latina, se plantea la idea de una ciudad vecinal: unidades urbanas y sociales de 5.000 a 10.000 habitantes que permitan la participación de las personas en la producción del territorio y que contienen todo lo necesario para la vida urbana: salud, educación, comercio, espacio público, equipamiento, etc.

En Chile se desarrollan algunos proyectos en esta línea: San Pedro de la Paz en Concepción y Villa Portales en Santiago y en Talca, aunque en otra escala, poblaciones como: Independencia y Astaburuaga. Esta tendencia de vincular participación y construcción de barrio se cristaliza en 1968 en la ley de JJ.VV. y organizaciones comunitarias, que define una relación equivalente entre escala urbana (unidad vecinal) y escala organizativa vecinal (junta de vecinos), así como un conjunto de atribuciones de las organizaciones de ciudadanas, entre ellas, diseñar un plan de desarrollo urbano anual y participar en la planificación del transporte público.

En 1989, tras un periodo de intervención brutal de la organización social, la dictadura deroga la ley de 1968 y promulga una nueva que produce la fragmentación de la escala organizativa: muchas juntas de vecinos en cada Unidad Vecinal y se deja a las organizaciones vecinales como meros colaboradores del municipio en el progreso de la comuna: se divide y se quita poder.

Durante los gobiernos democráticos se profundiza la fragmentación y la competencia entre las organizaciones territoriales y sociales a través de los fondos concursables, utilizados como mecanismo de asignación de recursos de políticas sociales. El clientelismo se mantiene y se sofistica.

La realidad actual, en general, es de atomización y fragmentación organizacional y territorial: organizaciones que funcionan volcadas sobre sí mismas, asumiendo la responsabilidad sobre pequeños territorios: villas y poblaciones, sin articularse unas con otras, compitiendo.

Desde el programa Territorio y Acción Colectiva, impulsado por Surmaule, SUR, UCM y Aplomo, en los dos últimos años hemos venido aprendiendo junto a vecinos y funcionarios públicos a mirar los problemas en otra escala. No desde la escala poblacional, importante de atender, pero muy restringida para generar equidad urbana;  tampoco desde la ciudad, ideal para producir grandes cambios, pero muy amplia para incidir desde la base. Hemos optado por una escala intermedia entre una y otra: el territorio vecinal, esto es, espacios dentro de la ciudad que tienen cierta identidad urbana (física, geográfica o social) y que podrían llegar a ser pequeñas ciudades a escala humana.

Hoy están en funcionamiento tres mesas territoriales: Las Américas – Doña Rosa, Territorio 5 y Unidad Vecinal 46, cada una articula diversas organizaciones en territorio que van de los 6.000 a los 10.000 habitantes. Cada una está haciendo un gran esfuerzo por construir una perspectiva más amplia para mirar los problemas vecinales, y aunque es un proceso de altos y bajos, están demostrando la urgente necesidad y la gran oportunidad de crear un nuevo espacio de planificación participativa, suficientemente amplio para construir redes diversas y heterogéneas, pero adecuado para lograr incidir en problemas estructurales y promover una nueva ciudadanía urbana. Tal vez después de 50 años deberíamos volver a mirar la ley del 68.

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