El Censo 2012 y la urgencia de revisar la reconstrucción

Francisco Letelier Troncoso – El Dínamo, 14/08/2013

Hemos visto con perplejidad y una cuota de vergüenza el escándalo del último Censo. Sin embargo, para los que hemos venido trabajando durante los últimos tres años en torno a la reconstrucción, esta negligencia nos abre la posibilidad de que nuestros cuestionamientos al proceso adquieran mayor credibilidad.

En primero lugar hemos dicho que las cifras de damnificados son engañosas. En sus registros el MINVU contabiliza cerca de 300.000 familias damnificadas, sin embargo, no fue el Estado quién ‘contó’ el daño pos terremoto y sus efectos, fueron los propios damnificados los que, en las condiciones en que estaban, tuvieron que realizar un largo camino para ‘probar’ su condición. En esto, y a muchas familias les consta, el gobierno actuó con una desconfianza paranoica e hizo todo lo posible porque las familias ‘no se aprovecharan de la situación’. Así, el dato de damnificados totales es poco creíble.

De las 300.000 familias que lograron inscribirse, solo 220.000 fueron calificadas como sujetos hábiles de un subsidio. Es decir, cerca de 80.000 no tuvieron acceso a ayuda del Estado. Dentro de estas están aquellas familias que como allegadas o arrendatarias, ocupaban una vivienda que quedo en situación de ‘reparable’. Estas familias, por una decisión antojadiza del gobierno, fueron definidas como ‘sin derecho a subsidio’. De nuevo, el número de damnificados hábiles u ‘oficiales’ es poco creíble.

De las 220.000 hábiles de subsidio, 120.000 perdieron completamente la casa donde vivían. Ya sea como propietarios o allegados, estas familias tenían un lugar en las ciudades y pueblos, en general en las mejores zonas, donde aún las viviendas eran de adobe. Sin embargo, para quienes eran propietarias, el gobierno solo asigno 17.000 subsidios de construcción en ‘sitio propio’ (el que permite a las familias mantener su localización). El resto recibió un subsidio para comprar una vivienda fuera de su localización original, con un estándar constructivo y urbano que no siempre es el mejor, en procesos donde no han participado y a empresas que en general tiene concentrado el mercado inmobiliario. La única oferta que hubiera permitido a un no propietario mantener su localización, fue un subsidio de densificación de los centros de las ciudades, pero sus ingresos no eran compatibles con una oferta que requería capacidad de endeudamiento. La oferta construida fue de valores inalcanzables y rápidamente, dado que el decreto lo permitió, ésta se liberó para familias de clases medias y medias altas no damnificadas.

Así, no es que el Estado haya construido o esté construyendo 120.000 nuevas viviendas, es que se han entregado más de 100.000 subsidios (papeles) para que las familias intenten comprar una vivienda en un lugar que no era su lugar original. Tampoco es que estas viviendas se estén construyendo con el objetivo de que las familias mantengan su localización, cuestión que fue ampliamente promocionada en foros internacionales, es más, si una característica tiene esta reconstrucción es estar promovido grandes procesos de desplazamiento centro  – periferia, y con provocando la pérdida de un conjunto de oportunidades asociadas al lugar donde se vive.

Finalmente, para las restantes 100.000 familias cuyas viviendas estaban reparables, el gobierno dispuso un subsidio que en la mayoría de los casos no superó las UF50, siendo que en general la reparación costó 5 o 6 veces más. Así, no es tan exacto decir que se han ‘reparado 100.000 viviendas’, como decir, que ‘hemos contribuido con una pequeña parte a que las familias reparen sus viviendas’.

Es más, en el caso de Talca, por ejemplo, el 70% de las casa dañadas en el centro histórico no se repararon con subsidio, pese a esto, y extrañamente, en esta ciudad, la cantidad de subsidios asignados en reparación es mayor a la de damnificados reconocidos por el MINVU. Esto último nos lleva a una duda aún más preocupante, la de si los 220.000 subsidios asignados llegaron a las manos correctas o se tensionó a los equipos de SERVIU para cumplir ciertas metas.

Con todo, y dada la ‘posibilidad’ que nos abre el fracaso del Censo 2012, creemos que llega el momento de hacer un análisis más serio y acucioso del proceso de reconstrucción. No centrándose en ‘los subsidios entregados’, sino evaluando su resultado real y el impacto en el mediano plazo para las ciudades y las familias. La intención principal no es buscar responsables, por cierto que deben existir, el objetivo central es aprender de los errores y no volver a repetirlos.